Buenos Aires / Argentina.- El Gobierno confirmó la disolución de la AFIP y el despido masivo de empleados de planta permanente. Desde la AEFIP, sindicato que representa a los trabajadores del organismo, repudian la medida y advierten sobre la pérdida de capacidad recaudatoria y el avance de políticas tributarias favorables a los grandes sectores económicos.
El Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el despido de miles de trabajadores de planta permanente, generando una fuerte reacción de rechazo por parte de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). A través de un comunicado de prensa emitido el 21 de octubre, la Mesa Directiva Nacional del gremio expresó su profunda preocupación ante lo que consideran un “premio a los evasores” y una medida que atenta contra la capacidad de recaudación fiscal del Estado.
El comunicado, firmado por Hugo Álvarez, Secretario Adjunto, y Pablo Flores, Secretario General de la AEFIP, denuncia que la desvinculación de los trabajadores se basa en “un falso planteo de ingresos irregulares”, sin ofrecer razones funcionales concretas. Además, acusan al Gobierno de estigmatizar y perseguir políticamente al personal de la AFIP.
La organización sindical también subraya que la cantidad de empleados en la AFIP ha disminuido progresivamente desde su creación, y que el organismo actualmente cuenta con menos trabajadores que en 2019. A pesar de ello, destacan que la AFIP ha logrado consolidarse como un pilar fundamental en la fiscalización y recaudación del Estado, mejorando tecnológicamente y brindando servicios a distintos niveles de gobierno y al sector privado.
En su postura crítica, la AEFIP repudia lo que consideran un “vaciamiento del Estado” en beneficio de los grandes grupos económicos, advirtiendo que la medida no generará los ahorros esperados en las cuentas públicas, sino una disminución significativa en la capacidad recaudatoria del país.
Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización, convocando a asambleas generales en todo el país para manifestar su rechazo a lo que consideran una política unilateral de “avasallamiento de derechos y destrucción de la fuente de trabajo”.
La AEFIP dejó en claro que no tolerarán ni convalidarán esta medida, que, a su juicio, socava los derechos laborales y la estabilidad de los empleados públicos que han sido esenciales para el funcionamiento fiscal del país.
