La Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó un amparo judicial ante la falta de medicamentos oncológicos, mientras el oficialismo apela la medida.
El 23 de enero de 2025, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, liderada por Marisa Graham, ha presentado un amparo judicial para exigir al Gobierno nacional la entrega de medicamentos esenciales para niños con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad.
Este reclamo surge ante la alarmante falta de provisión que ha resultado en 60 muertes en 2024, según denuncias de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.Graham explicó en una entrevista que esta acción se inició el 2 de enero en el Juzgado Federal N°2 y busca garantizar que el Estado resuelva en un plazo de diez días los expedientes administrativos que llevan más de 60 días sin respuesta. “No es más que una medida cautelar a favor de niñas, niños y adolescentes que requieren medicamentos especiales”, afirmó.La situación se complica aún más debido a que el Gobierno ya ha apelado esta acción judicial.
Entre los argumentos presentados por el oficialismo se encuentra la afirmación de que las asociaciones de pacientes carecen de legitimación activa para presentar un amparo. Además, el Ministerio de Salud argumenta que no es el garante constitucional del derecho a la salud, sino un coordinador operativo que delega responsabilidades a las provincias.A finales del año pasado, el Gobierno disolvió la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), responsable de entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas, creando en su lugar la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic).
Esta decisión se tomó en medio de una medida cautelar emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, quien había ordenado a la Dadse entregar urgentemente los medicamentos retenidos.La falta de medicación ha llevado a muchos pacientes a interrumpir sus tratamientos, lo que genera resistencia a los tumores y agrava aún más su situación. La comunidad médica y las familias afectadas continúan presionando al Gobierno para que actúe con urgencia y garantice el acceso a estos tratamientos vitales.
