Salta / Argentina- A un mes del crimen de Fernando Gómez, un joven bagayero, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en Salta convocan a una campaña que exige justicia y juicio para los responsables materiales y políticos de la brutal represión ocurrida el 18 de diciembre.
Este jueves, en Salta Capital, diversas organizaciones sociales, políticas, feministas y de derechos humanos se reunieron para lanzar una campaña que busca justicia para Fernando Gómez, el joven bagayero asesinado durante una represión por parte de Gendarmería Nacional en la frontera, nueve días después del lanzamiento del Plan Güemes, impulsado por Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz.
La conferencia de prensa estuvo a cargo del abogado de la familia Gómez, quien detalló las irregularidades y la violencia estatal detrás del crimen. Tras el encuentro, organizaciones como la Asociación de DDHH Lucrecia Barquet, la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Pan y Rosas, y los partidos del Frente de Izquierda decidieron impulsar una campaña con el lema: “Justicia para Fernando Gómez y los heridos de la Gendarmería”.
El objetivo es lograr el juicio y castigo de los responsables materiales y políticos del asesinato, así como garantizar que el caso no quede impune. Entre las acciones planificadas, destacan:
- Una declaración conjunta por parte de organismos de derechos humanos.
- Una colecta solidaria para apoyar económicamente a la familia del joven asesinado.
- Actividades públicas, incluyendo un acto en la Plaza 9 de Julio el próximo 18 de febrero, a dos meses del crimen, y la proyección del documental Morir en Orán en la Universidad Nacional de Salta.
“La muerte de Fernando no es un caso aislado, es un crimen de Estado. No puede haber impunidad, y quienes ordenaron y ejecutaron la represión deben ser juzgados”, señalaron desde las organizaciones presentes.
Además, convocaron a otras agrupaciones y sectores de la sociedad a sumarse a la lucha, reforzando el reclamo de justicia para Fernando y un fin a la criminalización de los trabajadores en las fronteras. La campaña se perfila como un llamado urgente contra la violencia estatal y la violación de derechos humanos en la región.
