La antropóloga y referente en Derechos Humanos, Blanca Lescano, sostuvo en La Columna NOA TV, de Canal 4 de Salta, que el operativo por el cual decenas de familias fueron desalojadas en la localidad de Las Pailas, excedió la orden judicial. También cuestionó el cumplimiento de las leyes que protegen a las comunidades originarias en Salta. “La política indígena ha sido muy deficiente”, aseveró.
La antropóloga y referente en Derechos Humanos Blanca Lescano cuestionó el desalojo realizado en la comunidad indígena de Las Pailas, en Salta, y aseguró que el procedimiento vulneró derechos reconocidos por la legislación vigente.
Según explicó, la orden judicial comprendía un sector específico del predio, aunque, de acuerdo con su versión, el operativo terminó afectando a un número mucho mayor de familias.
“El desalojo de Las Pailas fue ilegal. La medida era para cuatro hectáreas de un potrero, no para viviendas, y terminaron desalojando unas 40 casas. Algunas pertenecían a organizaciones que desde hace años trabajan junto a las comunidades indígenas”, afirmó.
Lescano señaló que la comunidad cuenta con reconocimiento legal y sostuvo que existen normas provinciales y nacionales que protegen sus derechos territoriales.
“No se puede desalojar un predio donde existe una comunidad reconocida legalmente. Las leyes provinciales y nacionales las protegen”, manifestó.
Lescano cuestionó el accionar judicial durante el proceso y sostuvo que estuvo marcado por irregularidades y errores que después la propia magistrada reconoció.
“La jueza tuvo que reconocer que el desalojo estuvo mal hecho y finalmente la gente pudo volver a sus lugares después de pasar más de una semana en la calle, soportando el frio”, expresó.
Asimismo, indicó que se presentó una actuación específica por la situación de una familia con hijos con discapacidad y señaló que en este caso no se tuvo en cuenta la necesaria intervención de organismos especializados en discapacidad y niñez.
“La ley establece que, cuando hay menores o personas con discapacidad, deben intervenir las instituciones antes de avanzar con un procedimiento de estas características”, señaló.
Lescano agregó que actualmente los abogados de la comunidad impulsan un pedido de jury vinculado con la actuación judicial. “No se puede decir si fue una equivocación o una intencionalidad, pero lo cierto es que la gente sufrió muchísimo. Fue un desalojo que se extendió durante tres días feriados y un fin de semana completo, con temperaturas muy bajas. Ahora habrá que esperar cómo se resuelve legalmente esta situación”, sostuvo.
Reclamo por una mayor protección de las comunidades originarias
En este marco, la referente de Derechos Humanos, afirmó que es necesario fortalecer la aplicación de las normas destinadas a proteger a los pueblos originarios y al patrimonio cultural de la provincia que representan la diversidad de comunidades originarias.
“Salta tiene que tomar seriamente todas las leyes que protegen no solo a las comunidades, sino también al patrimonio arqueológico de la provincia. No se pueden seguir haciendo grandes hoteles sin los controles que corresponden”, advirtió “, afirmó..
Lescano también observó que las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios mostraron falencias, tanto en el ámbito provincial como en el nacional. “Salta posee una enorme riqueza cultural y una gran diversidad de comunidades originarias. Tiene la posibilidad de cambiar la historia de estos pueblos reconociendo su existencia previa y garantizando el cumplimiento de las leyes que los protegen. Muchas de esas normas existen, pero no siempre cuentan con el presupuesto necesario para hacerse efectivas”, indicó.