El operativo policial en la estación Rosas de la línea B fue ordenado por una auxiliar de una fiscalía sin contar con una orden por escrito, imputación ni exigencia de identificación alguna. Los uniformados tenían el mandato oral de llevarse a un referente de la protesta.
La detención este martes de los delegados y dirigentes del subte se produjo sin orden judicial ni causa preexistente que la justificara. La medida, que reivindicó como propia el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue resuelta por una funcionaria de rango menor y luego de que una delegación policial le informara a un trabajador de la línea que la funcionaria les había ordenado de manera oral trasladar al responsable del levantamiento de molinetes de la línea B durante una hora, aunque sin que existiera un expediente relacionado.
Las actas firmadas por la auxiliar fiscal Natalia Pla sólo dan cuenta de la comisión de la presunta falta por “desobediencia a cargas procesales, artículo 243” como razón para ordenar la detención, inicialmente, del delegado Facundo Heredia y del dirigente Claudio Dellecarbonara, y luego del secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia. Ni las actas judiciales ni las averiguaciones posteriores de los abogados del sindicato dan cuenta de causa previa alguna para explicar la presencia policial en la estación del subterráneo.
“No existió una orden de ninguna fiscalía para que se procediera a la identificación de ningún trabajador y menos una detención. No hay algo así como un delito precedente que pueda justificar que la Policía de la Ciudad fuera a pedir el nombre de un delegado”, precisó a este medio Luis Orellana, patrocinante del gremio y de los acusados. El letrado explicó incluso que le sugirió a uno de los responsables del operativo que dejaran por escrito el pedido y que personalmente llevaría al trabajador a comparecer una vez que lo citaran: “Eso mismo le dije a la fiscal pero me lo rechazó, quiere que llevemos a un detenido”, relató Orellana sobre la respuesta del uniformado.
El episodio arrancó con un levantamiento de molinetes por una hora en la línea B, resuelto por la conducción de Agtsyp en respuesta a una serie de medidas disciplinarias y de aparente hostigamiento que un jerárquico nuevo había impuesto sobre el personal en los últimos días. La intervención policial se produjo una vez finalizada la medida, después de las 8, cuando la delegación policial a las órdenes de la auxiliar fiscal se presentó en la estación Juan Manuel de Rosas para reclamar la identificación del responsable de la medida de protesta.
Sólo después de que los policías no lograron aprehender a un delegado al que habían consultado inicialmente y tuvieron un cruce de palabras con Heredia y Dellecarbonara fue que decidieron llevárselos detenidos a disposición de Plá. A continuación, hicieron lo propio con Segovia, aunque sólo permaneció una hora esposado dentro de un patrullero, y con un trabajador aeronáutico que había acudido a la estación Rosas para protestar por las otras detenciones.
En las primeras horas se creyó que la orden había sido dada por la fiscal Celsa Ramírez, una conocida por los metrodelegados por sucesivas medidas en contra de los trabajadores y sus representantes. La funcionaria llegó a imputar como presuntos miembros de una asociación ilícita a más de 180 representantes de trabajadores, es decir el grueso de Agtsyp. Sin embargo, con las horas se supo que había sido Plá, auxiliar de la fiscal Mariana De Minicis.
