Una presentación ante el Consejo Superior de la UNJu denuncia haberes adeudados, reducción de pagos y bajas en la cobertura de salud por falta de aportes. El reclamo exige una respuesta institucional en un plazo de diez días hábiles y advierte sobre posibles acciones judiciales.
La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), conducida por el rector Mario Bonillo, enfrenta una nueva denuncia por presuntas irregularidades en las contrataciones y el pago de salarios. La presentación fue realizada ante el Consejo Superior por un graduado de la institución, quien cuestionó la interrupción de contratos de locación de servicios sin aviso previo. Según el escrito, el pedido para tratar el reclamo en la última sesión del órgano universitario fue rechazado por las autoridades.
Entre los hechos denunciados figuran reducciones salariales, haberes pendientes y descuentos en aportes previsionales y de obra social. El documento señala que, de un haber de $745.000, se abonaron inicialmente $300.000 y luego otros $345.000 bajo el concepto de pago no remunerativo. También advierte sobre la pérdida de cobertura médica de OSFATUN por presunta falta de integración de aportes, una situación que habría obligado a trabajadores a afrontar coseguros y gastos particulares para sostener tratamientos familiares. Estas acusaciones se suman a reclamos laborales registrados en junio de 2026, cuando trabajadores contratados y nodocentes denunciaron vínculos precarios de hasta 12 y 14 años.
La presentación solicita la intervención del Consejo Superior para resolver la situación en un plazo de diez días hábiles y advierte que, de no obtener respuestas, podrían avanzar con acciones ante la Justicia. El escrito menciona posibles figuras penales vinculadas con la retención de recursos de la seguridad social, el abuso de autoridad y la administración de fondos públicos. Se trata de imputaciones planteadas por el denunciante, cuya eventual responsabilidad deberá determinarse por las vías correspondientes. Hasta contar con una respuesta institucional, los señalamientos forman parte de un reclamo que vuelve a poner bajo discusión las condiciones de contratación y los derechos laborales en la universidad.
