La medida fue difundida a través de un comunicado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y publicada en el sitio web del Ministerio de Agricultura de Argentina.
En el texto se declara que el “Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior” queda suspendido “hasta nuevo aviso” para ambos productos. Ese registro oficial es obligatorio en Argentina para poder concretar cualquier embarque.
La medida causó preocupación en el sector y es interpretada como un paso previo a una eventual subida en la alícuota de los derechos de exportación que cobra el Estado y fue rechazada por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA). Para la CIARA, un aumento de los derechos de exportación sería “totalmente contrario al interés exportador de la Argentina”. “Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial”, afirmó la entidad empresarial.

No obstante, el comunicado, que lleva la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, señala que la medida fue tomada “de conformidad con los términos del artículo 18 de la resolución 2019-128” dispuesta el 14 de noviembre de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los analistas anticipan que el Gobierno de Alberto Fernández busca aumentar las retenciones de los productos del 31% al 33% por razones fiscales, de este modo ambos pagarían 33% de retenciones.
El clima de incertidumbre encamina a los industriales a analizar todos los escenarios posibles y se plantea que ante una posible suba se deberá acudir a la intervención del Congreso. Una política similar ya había sido aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri.