Salta/Argentina.- La iniciativa crea un marco regulatorio para determinar la distribución de la pauta oficial que utiliza el Estado provincial para difundir sus acciones de gobierno e información de interés general. Para quienes no cumplan con las nuevas reglas, el proyecto plantea sanciones.
La ley provincial permite incorporar criterios de transparencia en la selección de los beneficiados. Para ello incorpora la figura de un registro provincial para garantizar la equidad en el reparto. “El objeto de la presente ley es la regulación de la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial emitida por el Poder Ejecutivo y sus órganos centralizados y descentralizados, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como los mecanismos de control con el fin de garantizar la trasparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines”, indica el proyecto ingresado por mesa de entradas de la Cámara de Diputados.Y agrega: “Créase el Registro e Medios de Comunicación, bajo la órbita de la autoridad de aplicación de la presente ley. Solamente aquellos medios de comunicación gráfica, audiovisual y/o soportes digitales, y/o comercializadoras de espacios publicitarios en vía pública que se encuentren inscriptos en el Registro de Medios pueden ser contratistas de publicidad oficial”. El proyecto autoría del legislador Daniel Sansone plantea necesario que la Autoridad de Aplicación debe desarrollar un plan anual de publicidad y que, para ser incluidos en tal plan, los Poderes del Estado deben enviar sus planes estratégicos de publicidad de manera previa. Además, establece limitaciones de la publicidad oficial en tiempos electorales. Entre otras cosas, prevé un régimen de control legislativo a través de una comisión bicameral y un régimen de responsabilidades y sanciones.
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