Denunciarán una serie de violaciones al Pacto Internaciona de Derechos Civiles y Políticos, en la causa de la ex mandataria nacional. Aseguran que su detención es un caso de “proscripción electoral”, que atenta directamente contra la democracia.
La defensa de Cristina Fernández exige ante el organismo internacional la suspensión de la inhabilitación perpetua, la ampliación de la Corte Suprema y el cese del régimen de prisión domiciliaria restrictivo tras agotar la vía judicial argentina.
La presentación del comunicado se realizó este miércoles, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos.
La presentación ante el organismo internacional, con sede en Ginebra y Nueva York, se concretó luego de que la exmandataria agotara todas las vías judiciales internas en el sistema argentino, tras la decisión de la Corte Suprema emitida el 10 de junio de 2025.
La defensa de Cristina Fernández
En conferencia de prensa, los abogados de la ex presidenta de la Argentina, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, señalaron que se buscó “echar de la contienda electoral”, a la dirigente, porque “una mujer candidata molestaba”.
Borrego, se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España.
Se incorporó a la defensa de la exmandataria junto al brasileño Rafael Valim, quien participó en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y en mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluido el caso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación, porque lo importante es excluir a una mujer, dos veces presidenta elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo”, afirmó Borrego.
Los defensores se mostraron optimistas sobre el reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
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- La primera corresponde al artículo 25, sobre el derecho a votar y ser elegido, un punto en el cual legan que el proceso judicial tuvo como finalidad la proscripción electoral de la exmandataria, impidiendo su candidatura mediante una inhabilitación perpetua.
- La segunda violación comprende el artículo 14 referente al derecho a un juicio justo, al atribuirle a la exmandataria responsabilidad por actos administrativos ajenos a su función constitucional basándose en la vigencia del Decreto 54/2009.
- La tercera atañe al artículo 14.1, sobre el derecho a un tribunal competente e imparcial. Al respecto, señalan la falta de jueces naturales, la aplicación de mecanismos irregulares de asignación de causas y los vínculos personales de magistrados con dirigentes opositores.
- La cuarta la violación está relacionada con el artículo 14.2 sobre la presunción de inocencia. En ese aspecto, Fernández de Kirchner fue afectada desde el inicio del proceso y hubo incluso declaraciones públicas del presidente Javier Milei. La quinta violación corresponde al artículo 14.3, sobre el derecho a tiempo y medios para la defensa, tomando en cuenta la incorporación de pruebas sin posibilidad de contradicción y al acceso privilegiado de la acusación a la documentación.
- La sexta comprende el artículo 14.5 sobre la revisión de la condena, al no existir un examen real de los agravios por parte de la Cámara de Casación. La séptima señala la infracción del artículo 14.7 sobre la prohibición de juzgar dos veces los mismos hechos, dado que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido investigadas y sobreseídas.
- La octava refiere al artículo 2.3 a) y b) sobre el recurso efectivo, obstaculizado por la actual composición reducida de la Corte Suprema de tres miembros y la participación de un juez recusado en su propia recusación.