Buenos Aires / Argentina- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió sobre un panorama crítico para el empleo público en Argentina. Más de 57.500 contratos laborales vencerán el próximo 31 de diciembre, mientras que el gremio denuncia que desde la llegada de Javier Milei al poder, más de 20.000 empleados fueron despedidos de manera ilegal.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia en medio de la creciente tensión: “Les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos”. Sus palabras, que hacen alusión directa al símbolo del ajuste promovido por el actual Gobierno, reflejan la gravedad del conflicto y la disposición del gremio para iniciar medidas de protesta si no se revierten los despidos.
Reclamos y denuncias
ATE exige la renovación inmediata de los contratos laborales al menos un año, la incorporación de los trabajadores aprobados en el Sistema de Evaluación Pública y el cese de despidos en la Administración Pública. Según datos del gremio, el 96% de los empleados que rindieron las evaluaciones lograron aprobarlas en primera instancia, lo que agrava la denuncia de precarización laboral.
En el Ministerio de Justicia, se prevén más de 2.400 cesantías debido a la finalización de un convenio con el ente cooperador ACARA. Asimismo, otras áreas afectadas incluyen la Defensoría del Público, donde 104 trabajadores serán desvinculados, y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con más de 50 despidos confirmados.
Impacto social y propuestas de ATE
El gremio denuncia que la política de ajuste profundiza la crisis en el empleo público, afectando directamente a miles de familias. Además de exigir la continuidad laboral, ATE demanda un aumento significativo en los salarios y jubilaciones del sector para paliar el impacto de la inflación.
ATE prometió movilizaciones contundentes si el Gobierno no actúa de inmediato para frenar los despidos y atender sus reclamos. Mientras tanto, el conflicto pone en jaque la estabilidad institucional y laboral a pocos días del cierre del año.
La incertidumbre crece, y el gremio se prepara para defender los derechos de los trabajadores ante lo que consideran una amenaza directa a la democracia y el empleo estatal.
