Salta - Argentina: domingo 08 de noviembre 2026 07:17 hs.

ATE denuncia que el Gobierno tomará una deuda de US$ 300 millones para financiar retiros voluntarios en el Estado

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El sindicato cuestionó el préstamo autorizado para el programa de transformación estatal y advirtió sobre sus condiciones. Rodolfo Aguiar convocó a una movilización frente a la Quinta de Olivos para este miércoles 21 de octubre.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó al Gobierno de Javier Milei por gestionar un préstamo de hasta US$ 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de transformación estatal, que incluye retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, criticó la iniciativa y afirmó: “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”. La operación fue habilitada mediante el Decreto 1177/2026 y corresponde al primer tramo de una línea de crédito que podría alcanzar los US$ 800 millones, con un plazo de devolución de 25 años.

El régimen de retiros voluntarios, oficializado mediante el Decreto 1203/2026, alcanza a trabajadores de planta permanente y a determinados empleados contratados de la Administración Pública Nacional. Según los datos difundidos por ATE, el universo potencial comprende a 21.187 trabajadores. Entre las condiciones se establece que quienes adhieran no podrán volver a ingresar al Sector Público Nacional durante ocho años y que los cargos que dejen deberán eliminarse. Aguiar también cuestionó la legalidad del endeudamiento y sostuvo: “Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro”.

En rechazo al programa y a la política de empleo público, ATE convocó a una movilización para este miércoles 21 de octubre, a las 17, frente a la Quinta Presidencial de Olivos, bajo la consigna “No se aguanta más”. “Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar”, expresó Aguiar. La protesta incluirá reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, los salarios por debajo de la inflación, los despidos, la no renovación de contratos y el cierre o vaciamiento de organismos estatales.

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