País – El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica presentado por el Gobierno de Javier Milei. A pesar de los esfuerzos de organizaciones sociales, sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares, la Justicia aún no ha aceptado suspenderlo, generando una ola de controversia y una treintena de amparos.
El DNU busca modificar el marco regulatorio en aras de impulsar la actividad económica, y desató una serie de reacciones adversas entre sectores que argumentan posibles consecuencias negativas para diversos estratos de la sociedad. Ante esto, diversas organizaciones sociales y sindicales, respaldadas por abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares, se han presentado ante distintos fueros judiciales para instar a la suspensión de la medida mediante la solicitud de medidas cautelares.
A pesar de los intensos debates en el ámbito judicial, hasta el momento, la Justicia no emitió un fallo favorable a las solicitudes de suspensión del decreto. Este vacío legal deja la puerta abierta para que las nuevas disposiciones entren en vigor este viernes, impactando directamente en el panorama económico y generando incertidumbre en diversos sectores.
A medida que se acerca la fecha límite, la atención se centra en los tribunales, donde se espera una resolución que defina el destino del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y su impacto en el futuro inmediato de la economía argentina.
