El Tribunal Oral Federal N° 2 también alcanzó otros inmuebles y activos vinculados a la expresidenta y su familia. La medida busca avanzar en el decomiso de $685.000 millones establecido en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal N° 2, que ejecuta la sentencia de la causa Vialidad, ordenó embargar el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, junto con otras propiedades y activos vinculados a la expresidenta y su familia.
La medida forma parte del proceso para recuperar los $685.000 millones fijados como perjuicio al Estado por las maniobras de corrupción relacionadas con la obra pública.
El embargo no implica un remate inmediato ni modifica la titularidad de los bienes. La medida establece su indisponibilidad jurídica para impedir que sean vendidos, transferidos o gravados mientras avanza el proceso de decomiso.
Entre los bienes alcanzados también figuran propiedades en el complejo Madero Center de Puerto Madero, terrenos e inmuebles en Santa Cruz y el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén. También fueron incluidos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, aunque ambos no fueron condenados en la causa Vialidad.
El tribunal fundamentó las medidas en la sentencia del caso, que estableció que las maniobras investigadas generaron beneficios económicos para el empresario Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner.
Además, la Justicia ordenó medidas sobre bienes de empresas constructoras vinculadas al expediente y solicitó al Banco Galicia información sobre una caja de seguridad y dos cuentas pertenecientes a Florencia Kirchner.