El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que el Senado debate este jueves incluye una reforma de la Ley de Expropiaciones que, según alerta el antropólogo Andrés Ruggeri, de FEDECARA, «puede significar un golpe mortal para una cantidad muy importante de empresas recuperadas”.
La norma, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, introduce tasaciones a valor de mercado con actualización por IPC, el concepto de lucro cesante y una nueva definición de «expropiación irregular» que pone en riesgo a más de 120 cooperativas.
En términos operativos, la norma anula el margen de maniobra de las carteras de producción para intervenir en crisis industriales, encareciendo el pasivo contingente de cada proceso de recuperación hasta volverlo prohibitivo. Las principales modificaciones que alteran la ecuación económica son: tasaciones indexadas a valores de mercado actualizados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC); la inclusión del lucro cesante a favor de los propietarios originales por todo el período en que la planta dejó de utilizarse durante el proceso legal; la posibilidad de judicialización de las tasaciones; y un límite taxativo de 60 días para la ocupación temporaria, un plazo que Ruggeri califica como «marginal para reactivar una planta industrial y estabilizar su flujo de caja”.
Uno de los puntos más críticos para las cooperativas vigentes radica en el cambio de definición de la «expropiación irregular». Históricamente, este concepto aplicaba cuando el Estado tomaba un bien sin mediar ley. El nuevo texto estipula que existirá expropiación irregular si el Estado se demora en pagar las indemnizaciones legisladas. «Eso pasa en la mayoría de los casos de las empresas recuperadas», advierte Ruggeri. «Hay muchísimas que están con expropiaciones temporarias que se van renovando y que jamás se pagan. En CABA, por ejemplo, la ley de expropiación definitiva de 2004 abarcó a 13 empresas, pero el Estado nunca hizo la tasación. Esas 20 empresas de la Ciudad ahora podrían ser cuestionadas legalmente bajo esta nueva figura». El senador Fernando Rejal, que recibió informes de FEDECARA, coincidió con el diagnóstico: «Más que defender la propiedad privada, estamos frente a un proyecto que ataca directamente a la propiedad pública y social».
Hace poco más de 20 años, lograr recuperar una fábrica era un orgullo. Eran trabajadores que, con su propio esfuerzo y capacidades, ponían a producir una planta abandonada que los patrones habían dejado caer. Se trató también de inventarse un ingreso en un contexto adverso, con una larga recesión que elevó la desocupación hasta superar el 18%. Desde octubre de 1989 hasta octubre de 2001 la cantidad de desocupados en el país se incrementó de 760 mil a más de 2,5 millones de personas que buscaban trabajo y no conseguían. La salida de esa catástrofe para muchos fue colectiva. Encontraron un ingreso para sus hogares, una razón para no decaer, un propósito. Hoy, el Senado va a tener en sus manos una decisión sobre el esfuerzo de esos cientos de argentinos que se negaron a la resignación. Fuente: Infogremiales