El proyecto que propone prohíbir el ingreso, la tenencia, el uso, la facilitación y la comercialización de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, sus componentes, chips y accesorios, a las personas privadas de la libertad.
La iniciativa, de ser aprobada, se aplicaría en todo el territorio de la Provincia de Salta.
El proyecto recibió la media sanción en la Cámara de Senadores y pasa a la Cámara de Diputados, en estado de revisión.
“La intención es compatibilizar las medidas de seguridad con los derechos de las personas, por lo que se garantiza la comunicación mediante sistemas de telefonía institucional y solo será para contacto familiar”, señaló el legislador Dani Nolasco, del departamento de La Poma.
