No se puede gobernar sin paz social
por Santos Jacinto Dávalos.
Salta / Argentina – Hay paz social cuando los distintos estamentos de trabajadores, empresarios, entidades civiles, fuerzas armadas y de seguridad, salud, educación, emprendedores, están razonablemente satisfechos con la situación socio económica que les toca vivir. Ésto se logra con un trabajo que no nos condene a la pobreza, que nos permita vivir con dignidad. Un reparto justo de la riqueza que permita el crecimiento y la ganancia en las empresas. Pero la base de todo está en asegurar un buen sistema de educación, salud, seguridad y dentro de lo posible el pleno empleo.
En una columna anterior advertí a los políticos que estábamos sentados sobre una bomba de tiempo. La mitad de nuestros jubilados y la mitad del personal en actividad ganan por bajo la línea de la pobreza. Sesenta por ciento de niños pobres y sin buena escolaridad. La mitad de los argentinos entre la pobreza y la indigencia. Los argentinos desconfiamos de la objetividad de la justicia, no creemos en los partidos políticos ni en los políticos. Creemos que siempre hay corrupción. Vivimos en una crisis que no es solo económica. Es moral. Es de desesperanza. De anomia de nuestros jóvenes. Los más aptos la superan dejando su patria atrás.
En Salta estamos viviendo hechos de mucha violencia, con docentes desesperados, ahora fanatizados, a los que no les importa ser repelidos por la fuerza ni encarcelados. El gobierno debió anticiparse y comenzar un diálogo serio con todos aquellos que no se sienten representados por sus conducciones gremiales. Si la dirigencia sindical está desbordada, no se puede obligar a que la solución la encuentren quiénes conducen los gremios, pues de un modo u otro no son representativos de la voluntad de esa comunidad. La única verdad es la realidad. Y esta realidad impone que el gobierno negocie con los autoconvocados.
El gobierno, por diversos medios, está mostrando una escala remuneratoria de docentes de todo el país, que demostraría que los docentes salteños son los mejor pagados. Pero si así fuera, el sueldo inicial está por debajo de la línea de pobreza. Los docentes tienen hijos que deben ser educados y cuidados en su salud física y mental. Si tienen que pagar alquiler y los impuestos cuyo pago se les impone, vestirse, dar de comer a su familia, transporte, etc., viven en una eterna distopía, que honestamente, creo que les impide cumplir acabadamente con sus obligaciones educacionales.
Supongamos ahora que el gobierno acuerde una mejora salarial importante con la docencia. Por atrás requerirán lo mismo los que trabajan en salud, seguridad, servicios y los empleados públicos de los tres poderes. Es como esos juegos de dominó organizados de modo tal que caída la primera ficha, prosiguen cayendo hasta la última.
La única solución es poner todas las cartas sobre la mesa, toda la carne en el asador. Esto consiste en mostrar el presupuesto descarnado, con lo que se gasta en publicidad, los gastos reservados, ceremonial, la cantidad de empleados públicos, incluyendo a los que cobran y no prestan servicio en el estado. Principalmente lo que ganan los altos funcionarios, Ejecutivo, Legislatura, Sistema Judicial, de Controles, y empresas del Estado.
Con el presupuesto sin disimulos sobre la mesa, deben convencer a los trabajadores del estado que esas remuneraciones son razonables y soportan equitativamente el peso de la crisis. No lo pueden lograr, pues los sueldos de los altos funcionarios, comparados con los trabajadores comunes, con los jubilados, constituyen un claro privilegio.
La segunda etapa es consensuar, con o sin los legisladores pues el sistema representativo ha caído en descrédito, cuáles gastos puede eliminarse, disminuirse o suspenderse, mientras la crisis subsista.
Luego es el turno de los sueldos y adicionales. Los desproporcionados deben limitarse. Los altos paralizar los aumentos durante un tiempo y luego, con amplia publicidad, actualizarlos cuando resulten claramente insuficientes.
Ya con la información al alcance de todos, convenir las remuneraciones del estamento de servidores públicos. Tengo la convicción de que los recursos del estado, repartidos armoniosamente, equitativamente, concluirán las protestas sociales de los empleados públicos, en la certeza del esfuerzo compartido.
Pero proseguirá la puja distributiva salarial. Hay convenios colectivos donde el nivel inicial equivale a seis jubilaciones mínimas. Otros donde un ordenanza gana más que un médico especializado. Por lo general son convenios donde el incremento se puede trasladar a los compradores o consumidores. Hay adicionales y remuneraciones ocultas, como ocurre con las dependencias descentralizadas del Ministerio de Justicia de la Nación.
Nuestra constitución nos garantiza el derecho a la huelga, a la protesta social, a la libertad de expresión. Pero es mucho más efectivo cortar rutas pues la privación del derecho a circular libremente afecta el humor social y disminuye el concepto de quiénes gobiernan. Los piqueteros de la Provincia de Buenos Aires cortan rutas y ocupan espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Los camioneros impiden el trabajo de las empresas hasta que los empresarios se rinden. Llegaron a aislar pueblos.
Otros impiden el comercio exterior. A los transportes públicos, por aire, mar o tierra, les cortan los servicios, a fin de año o en los períodos de vacaciones.
En el contrato social se les asigna a quienes gobiernan facultades para que sus representados vivan en forma más justa y con más libertad. Hoy esa potestad prácticamente no existe. Los estamentos exitosos utilizan la fuerza. Creo que es tiempo de rediscutir nuestro contrato social.
Santos Jacinto Dávalos
